La universalización de las asignaciones familiares tiene una enorme trascendencia social, económica y política. Significa la creación de un nuevo derecho ciudadano, igualitario y con pocas excepciones, como lo fueron en lo político el voto universal, o en lo laboral, el derecho a la jubilación y a las vacaciones pagas. La creación de este nuevo derecho no implicará por sí mismo poner fin al clientelismo político, pero sí la imposición de fuertes límites a esa cuestionable práctica, ya que ninguna instancia formal o informal de poder –municipios o dirigentes de organizaciones no gubernamentales– podrá impedir a un padre o madre de familia ejercer su legítimo derecho.
La universalización de las asignaciones familiares tiene además un valor político coyuntural: demuestra que este gobierno es capaz de escuchar a las fuerzas de la oposición y a sectores de enorme influencia social, como la Iglesia católica, que venían impulsando, como algunos actores políticos afines al gobierno, la creación de un derecho social de estas características.
En pleno auge de las ideas del Consenso de Washington, a fines de los ’90, el Frente Grande fue uno de los impulsores, con otras organizaciones sociales, sindicales y políticas, de la creación de un seguro para la niñez para incluir socialmente a quienes habían quedado fuera del sistema por imposición de políticas neoliberales. Claro que el sistema político no estaba maduro para esa medida de importancia revolucionaria, los recursos de la seguridad social habían sido absorbidos mayoritariamente por bancos privados que administraban los fondos de pensión, y el país seguía siendo rehén de una secta de iluminados que pretendía que la Argentina podía transformarse en furgón de cola del ambicionado Primer Mundo. Hoy las condiciones políticas han cambiado radicalmente; hasta la oposición de derecha viene pidiendo generar un ingreso para la niñez, y el Estado cuenta con los recursos que antes se escurrían en las manos de las administradoras privadas.
Este nuevo escenario ha permitido la creación de un nuevo derecho, que tiene la virtud de su aplicación inmediata al solventarse con recursos existentes. Además, una porción importante de fondos provendrán de los planes Familias y Jefes y Jefas de Hogar, ya que los beneficiarios de esos planes se irán incorporando paulatinamente al nuevo beneficio, más conveniente económicamente.
De todos modos, no debe descartarse que en el futuro parte del financiamiento se base en una reforma impositiva que grave las rentas financieras.
La implementación del sistema universal permitirá además desarmar una multitud de planes provinciales que se superponían con muchas iniciativas nacionales, y que de alguna forma dispersaban esfuerzos y servían al uso a discreción de parte del poder local.
Lo que no se logrará con este nuevo derecho es la reinstalación de la cultura del trabajo entre quienes están excluidos del sistema formal, ni la erradicación de la pobreza o la desigualdad social. Los efectos probables –que constituyen un avance importantísimo contra esos flagelos– son un impacto fuerte en la indigencia y uno más acotado en la pobreza, junto con la progresiva incorporación de nuevos alumnos al sistema educativo formal. La imposición de valores positivos vinculados al trabajo y al esfuerzo personal quedarán, sobre todo, a cargo de los propios docentes, lo que requerirá el progresivo aumento de fondos disponibles por parte del sistema educativo.
También será necesario mejorar la atención en los diferentes centros de salud y la disponibilidad de vacunas y medicamentos.
La incorporación de este nuevo derecho ciudadano entre las familias implicará, de aquí al futuro, ampliar los desafíos para este gobierno y los próximos, que deberán preservar esta nueva conquista social, ampliarla y adaptarla a las nuevas circunstancias económicas y políticas.
Publicado en BAE - 06/11/2009 (Política - Pag. 20)
