jueves, 21 de julio de 2016

Venezuela y el Mercosur: se abre un debate


Por Eduardo Sigal*
El Cronista Comercial publicó, en su edición del 14 de julio último, una columna de opinión de Roberto García Moritán, con quien coincidí durante muchos años en materia de política exterior, y que fue un protagonista importante, como colaborador de Jorge Taiana, de la Cumbre de Mar del Plata que puso fin al Alca, en 2005.
Allí se logró terminar con las aspiraciones de George Busch (h) de disciplinar a América Latina y el Caribe en su lucha por competir con China con alguna posibilidad de éxito en la disputa por ser actor principal del mundo del Siglo XXI.
Mucha agua parece haber corrido bajo el puente. Me cuesta reconocer las posiciones de este García Moritán como las de aquel que traté desde mediados de los 90 y hasta 2010.
Veo perder enfoques políticos objetivos por intencionalidades políticas para justificar e impedir que la República Bolivariana de Venezuela asuma por segunda vez desde su incorporación al Mercosur, la presidencia pro tempore que le corresponde según reglas internas pre establecidas.
Afirma, sin dar datos objetivos, que Venezuela "no representa los valores que implica la democracia y el respeto a los DDHH".
Que yo sepa, en Venezuela funcionan los tres poderes republicanos, el legislativo con amplia mayoría opositora a Nicolás Maduro después de una elección de mitad de término hace unos pocos meses, y está en marcha un proceso de plebiscito revocatorio de acuerdo a lo establecido en la Constitución Bolivariana.
Los presos que existen, como en todo país, están acusados por hechos delincuenciales y no por posiciones políticas o ideológicas, y están en proceso judicial, aunque no le gusten a García Moritán.
Dicho sea de paso, no leí ninguna preocupación suya por la detención sin sentencia de luchadores como Milagro Sala y doce de sus compañeros de la Tupac, tampoco por la reciente represión a los trabajadores del Ingenio Ledesma, también en una provincia Argentina como Jujuy.
En su artículo dice que hubo "años de condescendencia del Mercosur con el espiral de excesos pocos democráticos del gobierno venezolano".
Esta afirmación es sumamente delicada, teniendo en cuenta que en el Mercosur todas las decisiones se toman por consenso. ¿Esta diciendo que los gobiernos de todos los países miembros fueron cómplices en la supuesta violación de los tratados? No parece ser una apreciación lógica de un diplomático avezado como él.
Creativamente, y en mi opinión en un gesto poco responsable, dice: la "transferencia de la Presidencia por principio de rotación alfabética no debe ser automática", incorporando así nuevas ideas no aprobadas ni en vigencia en Mercosur, cuando ningún país pidió formalmente la aplicación de la Carta Democrática, mas allá de algún que otro desafortunado discurso político sin pasos diplomáticos concretos.
Debemos hacer los máximos esfuerzos para preservar el proceso de integración desarrollado estos 25 años, desde la fundación de Mercosur.
Para ello no debemos ideologizar a nuestro antojo los posicionamientos, menos cuando en la región se están viviendo situaciones particulares, forzando elementos constitucionales con fuertes cargas e intencionalidades políticas, como en el caso de Brasil, donde se inicia un proceso de juicio político a la Presidenta Dilma Roussef sin que hasta ahora aparezcan con claridad las motivaciones objetivas para disparar ese procedimiento extremo, y sí mucho interés de un vicepresidente como Temer que construyó, como diríamos en la Argentina, una rosca política mayoritaria con políticos sospechados de actos de corrupción para destituir a un gobierno legítimamente electo.
Evitar una fractura de Mercosur, seguir desarrollándolo y profundizando sus acuerdos, es una responsabilidad del poder político y diplomático. Facilitar la incorporación plena de Bolivia va en ese camino.
Lo deberían saber los diputados y senadores brasileños, que tiene trabada la aprobación del Protocolo de adhesión ya aprobado por el resto de los socios.
Dice García Moritán: "Es de esperar que Venezuela reflexione". Yo me pregunto:¿Quién debe reflexionar? Deberíamos avanzar prontamente hacia una reunión del Consejo del Mercado Común y hacer el traspaso de la Presidencia sin demora.
De no ser así, podremos estar retrocediendo en un momento en que se hace fundamental consolidar la integración regional, desarrollar el mercado ampliado, coordinar políticas macroeconómicas y aceptar competitivamente los desafíos que nos impone un mundo con profunda crisis y en recesión, con lógico achicamiento del intercambio comercial.
*Ex Subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur. Presidente de la Fundación Acción para la Comunidad

lunes, 18 de julio de 2016

La necesidad de audiencias públicas


El tarifazo dispuesto por el gobierno en los servicios públicos de agua, electricidad y gas puso nuevamente en debate la necesaria participación de los usuarios de dichos servicios en la toma de decisiones sobre aspectos fundamentales que hacen a su funcionamiento. La ausencia de un mecanismo que permita recibir una información completa, que sea un ámbito para expresar opiniones y propuestas que indefectiblemente deben ser consideradas por las autoridades regulatorias del servicio público, invalida cualquier medida tomada en forma discrecional y sin someterla al conocimiento y debate públicos.
El artículo 42 de la Constitución Nacional es claro al respecto cuando contempla “la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas”. Es cierto que la privatización de los servicios de gas y electricidad se hizo con anterioridad a la reforma constitucional de 1994 y que sus marcos regulatorios siguen aún vigentes, pero esos marcos regulatorios contemplan expresamente a la audiencia pública como un medio esencial de consulta y participación en temas básicos, como lo es el régimen tarifario.
También es cierto que en varias oportunidades la audiencia pública ha sido una fachada formal en la cual las opiniones de los usuarios no fueron consideradas; pero bajo ciertos requisitos pueden constituir una efectiva forma de participación. Según el especialista en derecho administrativo Agustín Gordillo en una sociedad democrática la audiencia pública cumpliría con “la necesidad política y jurídica de escuchar al público antes de adoptar una decisión, cuando ella consiste en una medida de carácter general, un proyecto que afecta al usuario o a la comunidad, al medio ambiente, etc.” Sin embargo, su implementación en la Argentina siempre tuvo limitaciones en su aplicación en cuanto a periodicidad de la convocatoria, información, asesoramiento y fundamentación de las decisiones finalmente adoptadas.
En los casos de los servicios de gas y electricidad las audiencias públicas son de convocatoria obligatoria para el tratamiento de ciertas cuestiones específicas, entre las que merecen destacarse las modificaciones de tarifas, cargos, precios máximos solicitados por transportistas, distribuidores o consumidores; conductas contrarias a los principios de libre competencia o abuso de situaciones derivadas de un monopolio natural o de una posición dominante en el mercado, o para la resolución de conflictos entre un distribuidor o un transportista y un consumidor respecto a las condiciones de suministro de los servicios.
Pero cabe señalar que la obligatoriedad de la realización de la audiencia, no garantiza una concurrencia representativa, sino que para que ello sea posible necesita de una convocatoria pública y amplia hacia los sectores interesados e involucrados en la temática a tratarse y resuelta con una anticipación suficiente que facilite y estimule la participación. En el pasado la publicidad acerca de las audiencias se limitó a una formal publicación de avisos en los diarios, lo que no es garantía de comunicación hacia aquellos sectores que pueden estar involucrados en el problema que se debate.
En segundo lugar, para que la audiencia pública sea un mecanismo eficaz y adecuado para la participación ciudadana se requiere contar con una información completa y oportuna acerca de la cuestión abordada. No siempre los responsables de la realización de las audiencias respetaron este principio. Hubo casos, incluso en los cuales la información que presentaban las licenciatarias fue clasificada como reservada por el regulador o que tras la excusa de la confidencialidad se escamoteaba información básica para el tratamiento de algunas cuestiones. A su vez, la información debe estar en poder de los participantes con una antelación que permita su análisis y estudio.
A los efectos de garantizar una adecuada y criteriosa participación de los usuarios, resulta imprescindible que el regulador brinde un canal de asesoramiento técnico, puesto que muchos temas a tratar en las audiencias necesitan no sólo de la información completa y oportuna, sino de asesoramiento profesional, por tener una alta complejidad, la que muchas veces supera la capacidad de análisis de una asociación de usuarios. Con ello se trataría de equilibrar las relaciones de fuerzas de por sí desequilibradas y asimétricas que existen entre empresas y usuarios. En este aspecto, puede ser útil remitirse al caso norteamericano. Las audiencias públicas son toda una tradición dentro del sistema de regulación que implementan las comisiones estaduales de servicios públicos (Public Utilities Commissions). En el complejo e integral funcionamiento vigente, los consumidores son dotados de asesoramiento legal y técnico.
Como una última cuestión, hay que considerar que las opiniones que se vuelcan en una audiencia, al no ser vinculante, sean sólidamente fundadas y que las consideraciones y propuestas de los participantes que se rechacen lo sean a través de argumentaciones consistentes.
Si estos requisitos de representatividad, información completa, asesoramiento y fundamentación de las decisiones no están presentes en el desarrollo de una audiencia pública, este mecanismo de participación puede convertirse en una mera formalidad, en una puesta en escena seudo democrática que en última instancia estaría solamente destinada a convalidar una decisión que los reguladores ya tomaron anticipadamente.
*Vicepresidente de de la Fundación Acción para la Comunidad

Límites y contradicciones de la última década en Latinoamérica



Por Alvaro García Linera*
 El conjunto del continente, en esta década virtuosa, llevó adelante cambios políticos: la participación del pueblo en la construcción de un Estado de nuevo tipo. Cambios sociales, redistribución de la riqueza y reducción de desigualdades. Economía: participación activa del Estado en la economía, ampliación del mercado interno. En lo internacional: articulación política del continente. No es poca cosa en diez años. Son los años desde el siglo XIX los años más importantes de integración, de soberanía y de independencia que ha tenido nuestro continente.
Sin embargo, en los últimos meses, este proceso de irradiación territorial y de expansión territorial de gobiernos progresistas y revolucionarios se ha estancado. Hay un regreso de sectores de la derecha en países importantes del continente. Hay amenaza de que la derecha retome el control en otros países. Es importante que nos preguntemos por qué.
Yo mencionaría 5 límites y contradicciones que se han hecho presentes en esta década virtuosa continental:
- No siempre los gobiernos progresistas han asumido la importancia decisiva de la economía cuando se está en gestión de un gobierno. La base económica de cualquier proceso revolucionario es esa.  Se puede hacer cualquier concesión, se puede dialogar con quien sea que permita ayudar al crecimiento económico, pero siempre garantizando el poder político en manos de los trabajadores. Y algunos de los gobiernos progresistas y revolucionarios han adoptado medidas que han afectado al boque social revolucionario, potenciando al bloque conservador. Un poder político no va a ser duradero si no viene acompañado de un poder económico de esos sectores populares.
- El segundo problema que estamos enfrentando los gobiernos progresistas es la redistribución de la riqueza sin politización social. Que significa esto: la mayor parte de nuestras medidas han favorecido a las clases subalternas. Pero si esta ampliación de consumo, de justicia social, no viene acompañada de politización social, no estamos ganando “sentido común”. Habremos creado una nueva clase media, con su capacidad de consumo, con su capacidad de satisfacción, pero portadora del mismo sentido común conservador. Es decir, no hay revolución posible si no viene acompañada de una profunda revolución cultural.
- Una tercera debilidad es una débil reforma moral. Los neoliberales son el ejemplo de una corrupción institucionalizada, cuando tomaron la cosa pública y la convirtieron en privada, cuando amasaron fortunas privadas robando fortunas colectivas a los pueblos. La estamos combatiendo pero no ha sido lo suficiente. Es importante que así como damos ejemplo de restituir la res-pública, los recursos públicos, como recursos de todos, en lo personal, en lo individual, nunca abandonemos la humildad, la sencillez, la austeridad y la transparencia.
- Un cuarto elemento que se presenta en la experiencia latinoamericana es el tema de la continuidad de liderazgo en regímenes democráticos. Las Constituciones tienen límites para la elección. ¿Cómo se dan continuidad a los procesos cuando tienen estos límites? ¿Cómo se resuelve la continuidad de los liderazgos? Porque no hay revolución verdadera sin líderes ni caudillos. Tal ahí hay que trabajar liderazgos colectivos, que permitan la continuidad de los procesos.
- Por último, una quinta debilidad que quiero mencionar es la débil integración económica y continental. Cada gobierno está viendo su espacio geográfico, su economía, su mercado, y cuando tenemos que leer los otros mercados, ahí surgen limitaciones. Soy un convencido que América Latina solo va a poder convertirse en dueña de su destino en el siglo XIX si logra constituirse en una especie de Estado continental, plurinacional, que respete las estructuras nacionales de los Estados, pero que la vez con ese respeto de las estructurales locales y nacionales, tenga un segundo piso de instituciones continentales en lo financiero, en lo económico, en lo cultural, en lo político y en lo comercial.