lunes, 5 de noviembre de 2007

Ciudadanos del Mercosur

El viernes 2 de noviembre participé de un panel sobre políticas antidiscriminatorias desarrolladas en el marco del MERCOSUR. Fue muy interesante porque contaron sus experiencias el Defensor del Pueblo del Paraguay, Manuel María Páez Monges; el viceministro de la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial de Brasil, Martus Antonio Alves de Chagas; mientras que yo me referí a la desigualdad e injusticia económica como caldo de cultivo de la discriminación.
El Mercosur - dije - nace con un contenido político democrático. Derechos humanos y lucha contra la discriminación presuponen sociedades civiles que los promuevan y, sobre todo, autoridades políticas que los protejan y aseguren. Por eso el Protocolo de Ushuaia estableció la vigencia de regímenes democráticos como condición de pertenencia al Mercosur.
La principal discriminación, la más generalizada y la más masiva en nuestros países, es la que viene de la desigualdad y la injusticia económica. Es esta la base y el caldo de cultivo para la discriminación social y cultural de muchos millones de hombres y mujeres que viven al margen, que son expulsados del trabajo, de la educación, de la salud.
Es muy importante pensar esta cuestión en toda su magnitud y en todos sus alcances. Particularmente en Argentina, donde parece haberse destacado una insólita ofensiva mediática contra el pronunciamiento electoral del pasado domingo. Es una ofensiva que parece cuestionar el principio igualitario fundante de la democracia, que pretende desvalorizar el voto de los sectores populares y fortalecer las barreras culturales que tienden a dividir a nuestro pueblo. Creemos - afirmé -que se trata de una fuerte discriminación, y que no afecta a un gobierno, a una candidata o a una fuerza política, sino que afecta y ofende a millones de hombres y mujeres que tienen todo derecho a la participación democrática como los demás ciudadanos.
En el final de la charla, María José Libertino, presidenta del INADI, fundamentó la necesidad de contar con criterios antidiscriminatorios comunes en el marco regional.

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